No tenemos dos meses de vida, y ya comienzan las persecuciones a miembros y dirigentes de nuestro naciente partido.
Como presidente de Nueva República, denunció que Rubén Blandón Lemos, líder de las comunidades negras de Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó, ha sido amenazado de muerte y que el gobierno de Iván Duque ha ordenado a la Unidad Nacional de Protección que su esquema de seguridad le sea retirado.
En su ya larga lucha, que conozco desde hace años, como una de las miles de víctimas del grupo narcoterrorista de las FARC que hoy están en el Congreso de la República, Rubén ha enfrentado muchas situaciones difíciles, pero solo hasta ahora lo dejan en total indefensión al tiempo que se aumentan los informes de inteligencia que dan fe del peligro inminente que corre la vida del líder negro Rubén Blandón.
En esa trayectoria, Ruben ha sido perseguido inclementemente por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y por algunos miembros del Consejo Comunitario de Jiguamiandó afines a las FARC.
Desde varios días, Rubén , que lucha contra la ideología comunista desenmascarándola como criminal, visitando comunidades y enseñándoles acerca del engaño, incorporó a su discurso la noticia esperanzadora de que ha nacido un nuevo Partido político sustentado en los valores cristianos, llamado Nueva República, y llamando a la comunidad a formar parte de éste.
Los días 16 y 17 de noviembre, las comunidades asistieron a un evento social en Apartadó (Antioquia) para tratar el tema de las elecciones de los eventos comunitarios. Los voceros de las FARC y del Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, según lo denuncia Rubén, han estado especialmente molestos porque, además del discurso de Blandón desenmascarándolos, ahora le ha sumado la propuesta política de Nueva República como única salida viable y cercana.
El día 18. Rubén amanece con el anuncio de que el gobierno de Iván Duque ha retirado su esquema de seguridad. La señora Clara Rodríguez, coordinadora de la Unión Temporal de Occidente 2019 (administradora de propiedad de la empresa Guardianes) ordenó a los escoltas de Blandón que lo abandonaran y regresaran de inmediato a Bogotá, “por órdenes muy de arriba”.
Hasta el momento, ni la Unidad Nacional de Protección, en cabeza de Pablo Elías González Monguí, ni la señora Rodríguez, ni los directivos de la empresa Guardianes le ha dado explicaciones.
Es importante señalar que el dueño de la empresa Guardianes es Jorge Moreno Ojeda, denunciado varias veces-junto a su empresa Guardianes- por Periodismo Sin Fronteras debido a una larga lista de delitos y corrupción que la justicia colombiana se ha encargado de ocultar. Jorge Moreno fue donante importante de las campañas del Centro Democrático del 2010 y 2014, y el mismo Iván Duque le solicitó apoyo para su campaña a la presidencia.
No es casual esta nueva persecución que emprende el gobierno del Centro Democrático contra quienes se atrevan a denunciar a sus colaboradores y financistas.
En mi calidad de Presidente de Nueva República y como representante del Partido, manifiesto que responsabilizamos al gobierno de Iván Duque de cualquier atentado que sufra nuestro amigo Rubén Blandón, importante líder regional y representante de este proyecto político.
Y exigimos el restablecimiento inmediato de su esquema de seguridad sin las absurdas pretensiones que le quiere imponer la UNP, de responsabilizarse por la vida de los escoltas. Los escoltas son quienes deben cuidar por el protegido, no al revés.
Seguiremos adelante, por una Colombia mejor.
Noviembre 26 de 2019
Ricardo Puentes M
Presidente Nueva República
Comunicado a la opinión pública
Hemos seguido muy de cerca las violentas marchas que sacuden a Colombia y que forman parte del desarrollo de la agenda del Foro de Sao Paulo para Latinoamérica.
Somos conscientes, y así lo hemos denunciado, que este gobierno obedece, subrepticiamente en unas ocasiones y abiertamente en otras, a la agenda impuesta desde La Habana para someter definitivamente a nuestro país bajo los pies del comunismo, sea que éste use ese nombre o cualquiera del abanico que diseñaron para engañar y confundir.
Por lo tanto, expresamos que:
- El Foro de Sao Paulo, en contubernio con este gobierno, está decidido a imponer una Asamblea Nacional Constituyente. Nos oponemos a ello en estas circunstancias en las cuales los narcoterroristas conservan las armas, tienen poder político y, además el brazo financiero que les provee el negocio del narcotráfico y el secuestro.
- Conocemos el accionar del Foro de Sao Paulo alentado crisis y organizando conflictos para causar la desesperación y el caos con el propósito de convocar “Diálogos incluyentes” que desemboquen en una Constituyente a su medida.
- Hacemos responsable al gobierno de Iván Duque por las vidas e integridad física de los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública, por los daños en la propiedad privada y pública que se cometan durante estas marchas que el gobierno ha autorizado.
- Conminamos, en aras del orden, la defensa de la vida y la propiedad, que se capture a los vándalos y se les judicialice.
- Solicitamos que de inmediato se suspenda el derecho a las marchas y protestas públicas, toda vez que el Articulo 37 de la Constitución permite que éstas se realicen de manera pacífica, permitiendo al gobierno suspenderlas si se presentan actos violentos, como ha sido el caso.
- Solicitamos al gobierno nacional que se permita a la Policía Nacional y al Ejército -si es el caso- que actúen en defensa del orden, la vida y propiedades de los colombianos. Es deber Constitucional de estas instituciones hacerlo, y es deber del gobierno permitirlo y proteger a policías y soldados de las represalias jurídicas que surjan consecuentemente de su accionar. El Foro de Sao Paulo ha utilizado la guerra jurídica para neutralizar el ejercicio pleno de los deberes constitucionales de los organismos de defensa y seguridad del Estado.
- Exigimos el restablecimiento inmediato del Fuero Militar, como herramienta para combatir la intervención extranjera criminal en nuestro país.
- Solicitamos al gobierno nacional que se permita a los ciudadanos ejercer su legítimo derecho a la defensa en las condiciones que están establecidas en la ley. Sabemos de ciudadanos inermes cuyas casas han sido invadidas y atacadas, sus familiares golpeados, robados y heridos. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho a la defensa de su vida, su propiedad y su familia.
- Solicitamos la renuncia inmediata del ministro de Defensa por su complicidad o inacción frente al vandalismo, el saqueo y las violentas agresiones que los delincuentes propinan a los desprotegidos ciudadanos.
- Reafirmamos nuestro total respaldo a las acciones legítimas de las Fuerzas Militares y de Policía encaminadas a proteger la vida y bienes de los colombianos.
Nueva República
Comité Ejecutivo Nacional
Noviembre 25 de 2019
El día 21 de noviembre de 2019 se tienen previstas una serie de marchas de protesta contra medidas del gobierno del presidente Iván Duque.
Al respecto, Nueva República se permite manifestar lo siguiente:
- Reconocemos el derecho constitucional a la protesta, consagrado en el Artículo 37 de la Carta.
- La Constitución defiende la protesta pública y pacífica, y abre el paso para que, a la vez, la ley pueda limitar ese derecho, algo que aún no se ha reglamentado. Eso fue el resultado de la Constitución de 1991, hecha a la medida de intereses del narcoterrorismo. Lo reconocemos, pero esa es la Constitución que hay que respetar.
- Somos conscientes de que esta marcha es un paso más de la estrategia ideada por el Foro de Sao Paulo para la toma definitiva del poder mediante una serie de desórdenes, asesinatos selectivos, vandalismo y protestas “sociales” comandadas por agentes internacionales para derivar en una nueva Asamblea Nacional Constituyente hecha a la medida del narcoterrorismo.
- También somos conscientes de que el Foro de Sao Paulo pretende responsabilizar a la comunidad cristiana de los hechos violentos, marchas y golpes de Estado e intentos de ello. Ya empiezan a aparecer esos titulares de prensa en los principales diarios alrededor del mundo. Eso forma parte de la estrategia.
- Sabiendo esto, nos oponemos a los llamados a combatir a los violentos que hacen varios líderes de opinión para que ciudadanos, civiles, asuman roles que solo le corresponden a la Policía Nacional, el Ejército y a organismos de inteligencia del Estado. El derecho a la legítima defensa no debe confundirse ni usurpar las funciones y deberes de Ejército y Policía. Ningún ciudadano puede usurpar las funciones de los organismos del Estado destinados a la seguridad nacional. Esto solo podrá derivar en confrontaciones fratricidas inútiles que solamente beneficiarán los planes del Foro de Sao Paulo.
- Hacemos un llamado al gobierno nacional para que asuma sus deberes constitucionales y ordene y permita que los organismos de seguridad y defensa -según sea el caso- controlen esas marchas y capturen a los violentos para que sean enjuiciados conforme a las leyes de la República.
- La responsabilidad de lo que suceda en esas marchas, y el derrotero que tomen, será responsabilidad únicamente de la órbita del gobierno, no de la ciudadanía a la cual la Constitución y las leyes le han coartado su derecho a la legítima defensa y la de su patria.
Nueva República
Comité Ejecutivo Nacional
Noviembre 19 de 2019